En América Latina y el Caribe la Deuda Pública afecta de manera directa la inversión social, al comprometer un porcentaje muy alto de los presupuestos generales de cada país y comerse una porción exagerada del PIB. Solo para que le pueda hacer un pequeño seguimiento con información entregada por los bancos centrales y publicada por el propio Banco Interamericano de Desarrollo BID, pique el siguiente enlace: http://www.iadb.org/lacdebtgroup/templates.cfm?language=spanish&id_sec=3
Debemos aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas al comienzo del siglo XXI
Eric Toussaint
[Click HERE for the English translation]
La crisis económica y financiera internacional cuyo epicentro se halla en Estados Unidos tendría que ser aprovechada por los países latinoamericanos para construir una integración favorable a los pueblos y al mismo tiempo iniciar una desvinculación parcial.
Se debe aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas en este comienzo de siglo. Durante la década de los 1930 que siguió la crisis que estalló en Wall Street en 1929, hubo 12 países de Latinoamérica que fueron directamente afectados y que, en consecuencia, suspendieron de manera prolongada el reembolso de sus deudas externas contraídas, principalmente, con banqueros de América del Norte y de Europa occidental. Algunos de ellos, como Brasil y México, impusieron a sus acreedores, diez años más tarde, una reducción de entre el 50 y el 90% de su deuda. México fue el que llevó más lejos las reformas económicas y sociales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la industria del petróleo fue completamente nacionalizada sin que por ello los monopolios norteamericanos fueran indemnizados. Además, 16 millones de hectáreas fueron también nacionalizadas y retornadas en su mayor parte a la población indígena bajo la forma de bienes comunales. En el transcurso de los años treinta y hasta mediados de los sesenta, varios gobiernos latinoamericanos llevaron a cabo políticas públicas muy activas con el fin de conseguir un desarrollo parcialmente autocentrado, conocidas más tarde con el nombre de modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI). Por otra parte, a partir de 1959, la revolución cubana intentó dar un contenido socialista al proyecto bolivariano de integración latinoamericana. Este contenido socialista despuntaba ya en la revolución boliviana de 1952. Fue necesaria la brutal intervención estadounidense, apoyada por las clases dominantes y las fuerzas armadas locales, para terminar con el ciclo ascendente de emancipación social de este período. Bloqueo de Cuba desde 1962, junta militar en Brasil desde 1964, intervención estadounidense en Santo Domingo en 1965, dictadura de Banzer en Bolivia en 1971, golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, instalación de las dictaduras en Uruguay y en Argentina. El modelo neoliberal fue puesto en práctica primero en Chile, con Pinochet y la ayuda intelectual de los Chicago boys de Milton Friedman, y luego se impuso en todo el continente, favorecido por la crisis de la deuda que estalló en 1982. A la caída de las dictaduras en los años ochenta, el modelo neoliberal continuó vigente gracias principalmente a la aplicación de los planes de ajuste estructural y del Consenso de Washington. Los gobiernos de Latinoamérica fueron incapaces de formar un frente común, y la mayoría aplicó con docilidad las recetas dictadas por el Banco Mundial y el FMI. Esto acabó produciendo un gran descontento popular y una recomposición de las fuerzas populares que condujo a un nuevo ciclo de elecciones de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, comenzando por Chávez en 1998, que se comprometió a instaurar un modelo diferente basado en la justicia social.
En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano de integración de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las lecciones del pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica durante las décadas de 1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de los pueblos combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en favor de las clases trabajadoras. Ahora bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido de clase antagónico. Las clases capitalistas brasileña y argentina (las dos principales economías de América del Sur) son partidarias de una integración favorable a su dominación económica sobre el resto de la región. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así como de las argentinas, son muy importantes en toda la región: petróleo y gas, grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agrobusiness, industrias alimentarias, etc. La construcción europea, basada en un mercado único dominado por el gran capital, es el modelo que quieren seguir. Las clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los trabajadores de los diferentes países de la región compitan entre sí, para conseguir el máximo beneficio y ser competitivos en el mercado mundial. Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error recurrir a una política por etapas: apoyar una integración latinoamericana según el modelo europeo, dominada por el gran capital, con la ilusoria esperanza de darle más tarde un contenido socialmente emancipador. Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses capitalistas. No hay que entrar en el juego de los capitalistas, intentando ser el más astuto y dejando que éstos dicten sus reglas.
El otro proyecto de integración, que se inscribe en el pensamiento bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integración. Esto implica la recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región y sobre los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas sociales de los trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar sustancialmente las vías de comunicación entre los países de la región, respetando rigurosamente el ambiente (por ejemplo, desarrollando el ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes que las autopistas). Hay que apoyar a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanado, comercio, servicios, etc. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto bolivariano del siglo xxi pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una función social: pequeña propiedad privada, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, etc. Así mismo, la integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídica y política común.
Se debe aprovechar la actual coyuntura internacional, favorable a los países en desarrollo exportadores de productos primarios antes de que la situación cambie. Los países de Latinoamérica han acumulado cerca de 400.000 millones de dólares en reservas de cambio. Es una suma no despreciable, que está en manos de los Bancos Centrales latinoamericanos, y que debe ser utilizada en el momento oportuno para favorecer la integración regional y blindar al continente frente a los efectos de la crisis económica y financiera que se desarrolla en América del Norte y Europa, y que amenaza a todo el planeta. Lamentablemente, no hay que hacerse ilusiones: Latinoamérica está en vías de perder un tiempo precioso, mientras los gobiernos prosiguen, más allá de la retórica, una política tradicional: firma de acuerdos bilaterales sobre inversiones, aceptación o continuación de negociaciones sobre ciertos tratados de libre comercio, utilización de las reservas de cambio para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos (es decir, prestarle capital a la potencia dominante) o credit default swaps cuyo mercado se ha hundido con Lehman Brothers, AIG, etc., pago anticipado al FMI, al Banco Mundial y al Club de París, aceptación del tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver los diferendos con las transnacionales, continuación de las negociaciones comerciales en el marco de la agenda de Doha, mantenimiento de la ocupación militar de Haití. Después de un ruidoso y prometedor arranque en el 2007, las iniciativas anunciadas en materia de integración latinoamericana parecen haberse frenado en el 2008.
En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur, éste lleva mucho retraso. Las discusiones no se profundizan. Hay que salir de la confusión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institución, cuya creación fue decidida en diciembre del 2007 por siete países de América del Sur. El Banco del Sur tiene que ser una institución democrática (un país, un voto) y transparente (auditoría externa). Antes que financiar con dinero público grandes proyectos de infraestructura, pocos respetuosos del ambiente, realizados por empresas privadas, cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio, se debe apoyar los esfuerzos de los poderes públicos para promover políticas tales como la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación en el campo de la salud y la implantación de una industria farmacéutica que produzca medicamentos genéricos de alta calidad; reforzar los medios de transporte colectivo ferroviario; utilizar energías alternativas para limitar el agotamiento de los recursos naturales; proteger el ambiente; desarrollar la integración de los sistemas de enseñanza...
Al contrario de lo que muchos creen, el problema de la deuda pública no se ha resuelto. Es verdad que la deuda pública externa se ha reducido, pero ha sido sustituida por una deuda pública interna que, en ciertos países, ha adquirido proporciones totalmente desmesuradas (Brasil, Colombia, Argentina, Nicaragua, Guatemala), a tal punto que desvía hacia el capital financiero parasitario una parte considerable del presupuesto del Estado. Es muy conveniente seguir el ejemplo de Ecuador, que estableció una comisión de auditoría integral de la deuda pública externa e interna, a fin de determinar la parte ilegítima, ilícita o ilegal de la misma. En un momento en el que, tras una serie de operaciones aventuradas, los grandes bancos y otras instituciones financieras privadas de Estados Unidos y de Europa borran unas deudas dudosas por un monto que supera largamente la deuda pública externa de Latinoamérica con ellos, hay que constituir un frente de países endeudados para obtener la anulación de la deuda.
Se debe auditar y controlar estrictamente a los bancos privados, porque corren el peligro de ser arrastrados por la crisis financiera internacional. Hay que evitar que el Estado sea llevado a nacionalizar las pérdidas de los bancos, como ya ha pasado tantas veces (Chile bajo Pinochet, México en 1995, Ecuador en 1999-2000, etc.). Si hay que nacionalizar unos bancos al borde de la bancarrota, esto debe hacerse sin indemnizaciones y ejerciendo el derecho de reparación (repetición) sobre el patrimonio de sus propietarios.
Por lo demás, han surgido numerosos litigios en estos últimos años entre los Estados de la región y multinacionales, tanto del Norte como del Sur. En lugar de remitirse al Centro Internacional de Resolución de Diferendos en materia de Inversiones (CIADI), que es parte del Banco Mundial, dominado por un puñado de países industrializados, los países de la región tendrían que seguir el ejemplo de Bolivia, que se ha retirado del mismo. Deberían crear un organismo regional para la resolución de litigios en cuestiones de inversiones. En materia jurídica, los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Calvo y negarse a renunciar a su jurisdicción en casos de litigio con otro Estado o con empresas privadas. ¿Cómo se puede seguir firmando contratos de préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio, sólo son competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, del Reino Unido o de otros países del Norte? Se trata de una renuncia inadmisible del ejercicio de la soberanía.
Es conveniente restablecer un control estricto de los movimientos de capitales y del cambio, a fin de evitar la fuga de capitales y los ataques especulativos contra las monedas de la región. Es necesario que los Estados que quieren materializar el proyecto bolivariano de integración latinoamericana para una mayor justicia social avancen hacia una moneda común.
Naturalmente, la integración debe tener una dimensión política: un Parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada uno de los países miembros, dotado de un poder legislativo real. En el marco de la construcción política, hay que evitar la repetición del mal ejemplo europeo, donde la Comisión Europea (o sea, el gobierno europeo) dispone de poderes exagerados con respecto al Parlamento. Hay que caminar hacia un proceso constituyente democrático a fin de adoptar una Constitución política común. En este caso también, se debe evitar reproducir el procedimiento antidemocrático seguido por la Comisión Europea para tratar de imponer un tratado constitucional elaborado sin la participación activa de la ciudadanía y sin someterlo a un referéndum en capa país miembro. Por el contrario, hay que seguir el ejemplo de las asambleas constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2007-2008). Los importantes avances democráticos logrados en el curso de estos tres procesos tendrían que ser integrados en un proceso constituyente bolivariano.
Así mismo, es necesario reforzar las competencias de la Corte Latinoamericana de Justicia, en particular en materia de garantía del respeto de los derechos humanos que son indivisibles.
Hasta este momento, coexisten varios procesos de integración: Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba... Es importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una definición político-social basada en la justicia social. Este proceso bolivariano debería reunir a todos los países de Latinoamérica (América del Sur, América Central y Caribe) que se adhieran a esta orientación. Es preferible comenzar la construcción común con un núcleo reducido y coherente, que con un conjunto heterogéneo de Estados cuyos gobiernos siguen orientaciones políticas sociales contradictorias, cuando no antagónicas.
La integración bolivariana debe ir acompañada de una desvinculación parcial del mercado capitalista mundial. Se trata de ir suprimiendo progresivamente las fronteras que separan los Estados que participan en el proyecto, reduciendo las asimetrías en los países miembros especialmente gracias a un mecanismo de transferencia de riqueza desde los Estados más «ricos» a los más «pobres». Esto permitirá ampliar considerablemente el mercado interior y favorecerá el desarrollo de los productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Permitirá poner en vigencia el proceso de desarrollo (no sólo la industrialización) por sustitución de importaciones. Por descontado, ello implica el desarrollo, por ejemplo, de una política de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, el conjunto bolivariano constituido por los países miembros se desvinculará parcialmente del mercado capitalista mundial. En particular, esto implicará abrogar tratados bilaterales en materia de inversiones y de comercio. Los países miembros del grupo bolivariano también deberían retirarse de instituciones tales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC, promoviendo al mismo tiempo la creación de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos humanos indivisibles.
Como se indicó antes, los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano se dotarán de nuevas instituciones regionales, como el Banco del Sur, que desarrollarán relaciones de colaboración con otras instituciones similares constituidas por Estados de otras regiones del mundo.
Los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano actuarán con el máximo número de terceros Estados por una reforma democrática radical del sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de hacer cumplir la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los numerosos instrumentos internacionales favorables a los derechos humanos, tales como el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), la carta de los derechos y deberes de los Estados (1974), la declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), la resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). Igualmente, prestarán apoyo a la actividad de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Favorecerán el entendimiento entre los Estados y los pueblos a fin de actuar para que se limite al máximo el cambio climático, ya que esto representa un terrible peligro para la humanidad.
Traducción: Griselda Pinero y Raul Quiroz
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra
22 de Abril Cochabamba, Bolivia
ACUERDO DE LOS PUEBLOS
Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.
De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.
Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.
Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.
El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.
Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.
El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.
La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.
Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.
Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.
Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:
- armonía y equilibrio entre todos y con todo
- complementariedad, solidaridad, y equidad
- bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
- respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
- reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
- eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo
- paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.
El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.
En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.
Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:
- Derecho a la vida y a existir;
- Derecho a ser respetada;
- Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
- Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
- Derecho al agua como fuente de vida;
- Derecho al aire limpio;
- Derecho a la salud integral;
- Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
- Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
- Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.
La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.
Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.
La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.
Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:
- Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.
- Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.
- Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.
- Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.
- Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.
El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.
Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.
Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.
Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.
Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.
La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.
Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.
Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.
Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.
Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.
El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.
El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.
El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.
El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.
Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.
Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.
La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.
Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones y , que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.
Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como lascompensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.
Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.
Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.
En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.
Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.
El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.
En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.
Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.
El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.
La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.
Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.
Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.
El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.
Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.
Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.
Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.
El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.
El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.
Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.
Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.
Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México
http://cmpcc.org/acuerdo-de-los-pueblos/
